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Es el cambio en el clima de la tierra que se atribuye directa o indirectamente a las actividad humana. En los últimos 200 años se ha producido un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero como consecuencia de actividades humanas (quema de combustible fósil, deforestación y cambio del uso del suelo) que alteran la composición global atmosférica, y la variabilidad natural del clima, observada en periodos comparables de tiempo. El incremento de temperatura de la tierra ha sido de aproximadamente 0,6º C durante el pasado siglo XX.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se estableció en el año 1992 durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, y ha sido firmada por 189 países decididos a hacer frente al problema del cambio climático mediante el control de las emisiones excesivas de gases de efecto invernadero. La CMNUCC divide a los países en dos grupos: las partes Anexo I, que son los países industrializados que históricamente han contribuido mayormente al cambio climático, y las partes no Anexo I, que son principalmente países en desarrollo.
Es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en donde se toman las decisiones más importantes en este contexto. Es la asociación de todos los países firmantes de la convención. La COP se reúne cada año, salvo que las partes decidan llevar a cabo reuniones adicionales.
Es un organismo formado por más de 2000 científicos y expertos que evalúa de manera objetiva, abierta y transparente la información relevante sobre el cambio climático. También proporciona asesoramiento científico, técnico y socioeconómico a la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
En el año 1997 se aprueba el protocolo de Kioto que entra en vigor en febrero del 2005, al cumplirse el requisito de ser ratificado por parte de 55 países, responsables de más 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Según el protocolo, que actualmente aúna los esfuerzos de 175 gobiernos, los países incluidos en el Anexo I (países industrializados y países en transición a economías de mercado) se comprometen a lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los países que ratifican el protocolo suman entre todos un total de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 5,2% con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de compromiso de 2008-2012.
Cada país que ha ratificado el protocolo de Kioto debe cumplir una cuota (derecho a emitir x toneladas de carbono) que reduce o limita el incremento de sus emisiones. España, en el contexto de la Unión Europea que tiene un compromiso global de reducción del 8%, tiene la meta de no sobrepasar en un 15%, siendo los valores calculados como media de emisiones en el periodo 2008-2012 respecto de las emisiones históricas registradas en 1990.
Los países a su vez asignan cuotas a determinados sectores, llegando a nivel de instalaciones, a través de los planes nacional de asignaciones (PNAs) y existen sanciones para los países que no cumplan su cuotas (de 40 euros más la adquisición del derecho de emisión en el periodo 2005-2007 y de 100 euros más la adquisición del derecho de emisión para el periodo 2008-2012).
Los límites de emisiones fijados para cada país dependen del desarrollo energético de cada uno y su nivel de contaminación pasada y presente. De este modo a EEUU se le exige una reducción del 7%, a Canadá y Japón del 6%. A Australia, en cambio, se le permitió un incremento del 8%. La UE tiene una reducción del 8% (a los 15 países miembros antes del 1 de mayo de 2.004) y según el reparto interno de cuotas entre los socios, España podía aumentar sus emisiones un 15% con respecto a lo que emitía en el año 1.990. A los países que no tienen un desarrollo energético no se les impone un objetivo de reducción.
La Unión Europea, tras ejercer un fuerte liderazgo en las negociaciones, asumió la obligación de reducir dichas emisiones en un 8% respecto al año base (1990). Los compromisos asumidos por cada estado miembro varían en función de una serie de parámetros de referencia. En el caso de España suponen la obligación de no superar en más del 15% el nivel de emisiones de 1990.
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